En el secuestro intervino directamente José Luis Urrusolo Sistiaga junto a un hombre y una mujer. El hombre se cree fue o Gregorio Vicario Setién o Antonio Gabiola Goyogana; la mujer pudo ser o María Rosario Delgado Iriondo o Idoia López o Itziar Alberdi. La cuarta persona se cree fue el chileno Arturo Ramírez Pérez.
Según parece el 20 de julio se entregaron 600 millones a Patxi Arratibel, pero este sólo entrega a la banda 500.
En el secuestro intervinieron como intermediarios Iñaki Aseguinolaza Azkagorta y los hermanos Vicente y Txomin Estrada. Según los intermediarios entregaron 750 millones en Anglet a un etarra por medio de Iñaki Aguirre Sainz. Desde finales de mayo también intervino Francisco Arratibel. Este empresario fue detenido el 30 de marzo de 1990. En abril de 1990 fue también detenidos otros dos mediadores, el abogado José María Elosua y Rafael Aguirre (permaneció detenido 72 horas). Elosúa fue elegido parlamentario autonómico por HB mientras estaba en la cárcel y fue puesto en libertad en febrero de 1991. Fue absuelto en el juicio.
En julio de 1991, Arratibel abandonó la cárcel bajo fianza. Fue condenado a dos años de prisión. En 1992, ETA le envió una carta acusándole de quedarse con 60 millones del rescate.
El 11 de febrero de 1997, Arratibel fue asesinado por ETA (m) en Tolosa (Guipúzcoa); el 29 de mayo anterior una bomba estalló en la puerta de su empresa en San Sebastián. ETA le acusó de haberse quedado parte del dinero del rescate de Emiliano Revilla.
En junio de 1991, la Audiencia de París condenó a José Félix Pérez Alonso a 17 años de cárcel por herir a un policía al ser detenido. El Tribunal decretó la devolución de los 725 millones de pesetas a Emiliano Revilla.
En enero de 1992, la policía detiene a cuatro chilenos vinculados a una facción del MIR y localiza un vivienda en la calle Belisana de Madrid, donde había un habitáculo en el que se cree permaneció Emiliano Revilla. Los detenidos eran Ramiro Silva Vidal, Gonzalo Boyé Tusset, Alexis Alberto Corvalán Albornoz y René Valenzuela Bejas. Ramiro Silva huyó mientras estaba en libertad provisional, si bien luego se entregó en Chile el 3 de septiembre de 2003. Los otros tres fueron condenados a 14 años, ocho meses y 1 día de reclusión en junio de 1996.
La policía identificó a otro grupo de chilenos que colaboraron con ETA en esta operación y otras anteriores: Antonio Llorca Puig, Juan Carlos Dávila León, Ana Lidia Hidalgo Meyer y Julio Carrasco Pirard. En las vigilancias a Emiliano Revilla intervinieron al parecer también dos mexicanos.
En septiembre de 2005, Emiliano Revilla mostró en una exposición en Ólvega (Soria) una colección de dibujos realizados durante su cautiverio.
Urrusolo Sistiaga se entrevistó en la cárcel con Emiliano Revilla a finales de 2011 dentro del programa de "encuentros restaurativos" organizados por Instituciones Penitenciarias.
En noviembre de 2016 se presentó la película "249. La noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla", escrita y dirigida por Luis María Fernández.
Macarena Gómez, Beatriz Medina, Txema Blasco, Javier Antón y Jaime Palacios protagonizan la trama centrada en la noche en que finalizó uno de los secuestros que más conmocionó a la sociedad española desde el punto de vista de la primera persona que le vio en libertad, la periodista María José Sáez.
Sáez, entonces becaria de la Agencia Efe, era la única que se encontraba cerca de la vivienda la noche del 30 de octubre de 1988. Casi por casualidad decidió acercarse a la casa del empresario y esperar, en el interior de su Simca 1200, por si pasaba algo nuevo.
Y pasó. La periodista vio acercarse a un hombre al que reconoció como el empresario secuestrado: "Perdone que lo moleste, ¿usted es Emiliano Revilla?", le dijo.
En febrero de 2020, la Audiencia Nacional ordena ejecutar la responsabilidad civil del abogado Gonzalo Boye, que deberá indemnizar al empresario Emiliano Revilla. Boye fue condenado como autor responsable de un delito de detención ilegal a la pena de 14 años y 8 meses de cárcel, de los que cumplió seis. Un año antes de obtener la libertad condicional había comunicado que abonaría de forma fraccionada el pago de la indemnización, a razón de 5.000 pesetas mensuales.
Revilla requirió que le embargaran los saldos de las cuentas corrientes de las que fuera titular, la parte proporcional del salario percibido como empleado de Boye-Elbal & Asociados, y de Antena 3 Noticias, así como las cantidades que hubiera percibido del Colegio de Abogados de Madrid, donde había estado dando clases.
Gonzalo Boye se vio obligado a disolver su bufete, Boye-Elbal & Asociados Sociedad Limitada Profesional, solicitando el concurso de acreedores exprés.